Es vital entender cómo esta normativa transformará tu estrategia de cumplimiento.
El 12 de abril de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 214/2025, una normativa que redefine el marco legal de la huella de carbono en España y que entró en vigor el 12 de junio de 2025. Este texto legal desarrolla los mandatos de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y busca alinear al tejido empresarial con el objetivo europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Para las organizaciones, la sostenibilidad ha dejado de ser un ejercicio voluntario de relaciones públicas para convertirse en un imperativo legal y financiero. Si tu empresa cuenta con entre 50 y 250 empleados, es vital entender cómo esta normativa transformará tu estrategia de cumplimiento, auditoría interna y gestión de riesgos en toda la cadena de valor.
El RD 214/2025 establece la obligación de calcular anualmente la huella de carbono y elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Específicamente, exige la medición de las emisiones directas (Alcance 1, como el uso de combustibles y fugas de gases) y las emisiones indirectas por consumo de energía (Alcance 2).
La inscripción de las restantes emisiones indirectas (Alcance 3) se mantiene con carácter voluntario para el sector privado, aunque será obligatoria para el sector público a partir de 2028. Además, el plan de reducción a elaborar debe fijar un objetivo cuantificado respecto a un año base (que será 2025 para los primeros informes de 2026) y debe plantearse con un horizonte temporal de al menos cinco años. Toda esta información debe ser pública, accesible y gratuita a través del portal de internet de la organización o integrada en su informe de sostenibilidad.
A nivel directo, las obligaciones de cálculo y plan de reducción aplican a las empresas que formulan cuentas consolidadas o que están sujetas a la Ley 11/2018 sobre información no financiera, es decir, aquellas con más de 250 empleados que cumplen ciertos criterios financieros, o Entidades de Interés Público con más de 500 empleados.
Para una empresa mediana (50-250 empleados), la exposición al riesgo llega por la vía indirecta. Las grandes corporaciones y el sector público (que está obligado a inscribirse en el registro del MITECO a partir de 2026) están exigiendo los datos de huella de carbono a toda su cadena de suministro.
No contar con esta información te expone a perder contratos clave o quedar fuera de licitaciones públicas, ya que el RD 214/2025 fomenta que los órganos de contratación valoren la huella de carbono como criterio medioambiental.
La adaptación al nuevo escenario pasa por tres fases operativas que requieren una coordinación estrecha entre operaciones, control interno y finanzas:
-Calcula con rigor: Utilizando metodologías reconocidas internacionalmente (como ISO 14064-1) y aplicando los factores de emisión oficiales publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Solo se permite excluir fuentes de emisión no significativas del alcance 1 y 2 si el total de las exclusiones no supera el 5% de las emisiones totales.
-Reduce estratégicamente: Diseñando un plan de reducción a 5 años que contemple medidas tangibles como eficiencia energética, renovación de flotas o compra de energía con Garantía de Origen.
-Registra (y compensa): Aunque la inscripción en el registro oficial es voluntaria para empresas privadas, proporciona un sello del Ministerio que otorga reconocimiento institucional y ventajas en contrataciones públicas. Si se opta por la compensación, debe hacerse a través de proyectos de absorción (como reforestación) que garanticen almacenamiento a largo plazo y adicionalidad.
El mayor obstáculo para cumplir con estas directrices es la disponibilidad y calidad de los datos. Depender de hojas de cálculo dispersas para recopilar litros de combustible consumidos o consumos eléctricos de múltiples sedes genera ineficiencias graves y un alto riesgo de error humano durante las auditorías.
En una suite integral de gobernanza, riesgo y cumplimiento, típicamente se automatiza la captación de datos, se centraliza la información y se garantiza la trazabilidad de cada métrica. Esto permite que el equipo de auditoría interna cuente con registros exportables y evidencias blindadas (facturas, certificados del mix eléctrico), asegurando un control de accesos estricto y la correcta segregación de roles.
Digitalizar el compliance ambiental libera al equipo para centrarse en la estrategia de descarbonización, mitigando los riesgos financieros y regulatorios.
Si quieres explorar las tendencias que están definiendo el futuro del Compliance, sostenibilidad, IT security y calidad, revisar recursos prácticos y cerrar con una recomendación pop asociada a estos temas, te invitamos a que seas parte de nuestro envíos de Brújula Compliance.
| ¡Súmate a nuestro newsletter! |
La obligación directa recae sobre empresas que ya reportan Estados de Información No Financiera (EINF), habitualmente de más de 250 empleados con ciertas condiciones financieras. Sin embargo, si operas como proveedor de grandes corporaciones o del sector público, te verás indirectamente obligado por la presión de tu cadena de valor.
Es obligatorio calcular y reportar el Alcance 1 (emisiones directas, como combustibles de instalaciones o vehículos propios) y el Alcance 2 (emisiones indirectas por la electricidad adquirida). El Alcance 3 es voluntario para el sector privado, aunque muy recomendable.
Para las entidades del sector público estatal (ministerios, organismos autónomos), la inscripción anual es obligatoria a partir del año 2026. Para el sector empresarial privado, la inscripción en el registro es voluntaria, aunque reportar públicamente el plan y la huella en sus informes sí es obligatorio.
Debe establecer un objetivo cuantificado de reducción frente a un año base (ej. 2025). Además, tiene que fijar un horizonte temporal de al menos cinco años e incluir de manera detallada las medidas que se ejecutarán para lograr dicha descarbonización.
Aunque no es estrictamente obligatorio por defecto para el registro general del Alcance 1 y 2, se convierte en una exigencia si vas a solicitar ciertas ayudas públicas, si incluyes el Alcance 3 de forma que suponga más del 40% de las emisiones, o por exigencias ligadas al reporte del Estado de Información No Financiera (EINF) auditado.
Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento legal. © iCloudCompliance.